EL SALVADOR (OK) — Cientos de salvadoreños de ONG, feministas y otras comunidades protestaron el domingo en El Salvador contra la reelección presidencial y el sistema de exclusión arbitraria y decomiso en el marco de la Conmemoración del acuerdo de paz de 1992. El Salvador celebró este lunes 16 el aniversario 31 del tratado de paz que puso fin a la guerra de 12 años (1980-1992). El gobierno del presidente Nayib Bukele no reconoce el evento histórico, por lo que no habrá actividades oficiales para conmemorar el día.
La ceremonia también se realizó en el país centroamericano, donde el gobierno de Bukele había decretado el estado del Régimen de Excepción para "reprimir" a las pandillas. Según varios países y organismos internacionales, tal comportamiento es una violación de los derechos humanos.
No puede ser reelegido como presidente
Los manifestantes se opusieron a la reelección de Bukele como presidente, afirmando que "representan la consolidación de la dictadura".
El anuncio de Bukele del 15 de septiembre de 2021 de que se postularía para la reelección en las elecciones de 2024 fue cuestionado por abogados, defensores de los derechos humanos y sindicatos de grandes empresas privadas. Evania Cruz, vocera del Consejo Salvadoreño de Presos Políticos y Familiares de Presos, dijo que participó en el evento "para defender la democracia y los derechos humanos para que su reelección no refuerce la dictadura que hoy reina".
“Hoy controlamos las calles (..) porque el actual presidente, Nayib Bukele, y los clanes que gobiernan el país no confían en ninguna institución del Estado”, dijo en un comunicado de prensa. “Es un insulto decir que el acuerdo de paz no fue una farsa, que murieron miles de personas y que muchas quedaron impunes".
Capturas durante el Régimen de Excepción
Reinaldo Santos, cuyo hijo de 20 años fue detenido el 20 de diciembre durante el estado de emergencia, dijo a EFE que participó en la manifestación "en un principio para expresar su preocupación por la injusticia que generaba su detención". "Los derechos de personas inocentes a menudo se violan con impunidad", dijo.
Según el gobierno, más de 61.300 pandilleros fueron presuntamente detenidos durante el estado del Régimen de Excepción, y los fiscales y los tribunales ordenaron la liberación de más de 3.300 miembros. Registraron más de 7.400 denuncias entre organizaciones humanitarias y la Oficina para la Protección de los Derechos Humanos (PDDH) sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad.
“Las atrocidades se realizaron en estado de emergencia y se detuvo a personas inocentes y sin antecedentes penales (…) que no estaban asociadas a estos grupos (pandillas). Quiero justicia y libertad”, dijo Adam.
Antonia Recinos aprovechó este miércoles la plaza para condenar nuevamente la "detención arbitraria" de dos líderes comunitarios y otros tres en la remota comunidad de Santa Marta, en el estado Cabañas (centro). Resinos dijo a EFE que la detención fue "un ataque directo a las organizaciones públicas ya las organizaciones fuertemente opuestas al proyecto de exploración minera".
No consideramos este hecho como una búsqueda de justicia. Este no es un acto para buscar justicia (...) Es claro que el objetivo principal de estos hechos es un ataque a nuestro país organizado y una venganza política.